Acceso a la justicia y su efectividad en España: un estudio empírico sobre el ejercicio de la abogacía miembro de la ACDE tras la Ley Orgánica 1/2025

Alina Swarovsky Figueira

Resumen

La presente investigación analiza el acceso a la justicia em España desde la perspectiva del derecho humano al tratamiento adecuado de los conflictos, con especial atención a las transformaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025. El objetivo central consiste em examinar, a partir de una investigación empírica, cómo la abogacía española, desde el punto de vista de los miembros de ADCE, percibe la utilización y la efectividad de los medios adecuados de ampliación y mejora del acceso a la justicia. El primer estudio adoptó un enfoque mixto teórico-normativo de derecho comparado Brasil-España y empírico, por lo cual se han obtenido los datos que embazan esta segunda investigación, concentrada solamente en los datos españoles, desarrollada mediante cuestionarios aplicados a abogados en ejercicio profesional en España, con fin de identificar percepciones, prácticas y evaluaciones sobre el impacto real de estos mecanismos en la práctica jurídica cotidiana. Los resultados empíricos revelan una percepción mayoritariamente positiva de la abogacía española em relación con la implementación con los MASCs, especialmente la mediación, la negociación asistida y el derecho colaborativo. Los participantes referencian estos mecanismos con una mayor participación de las partes, soluciones más adecuadas a los intereses en conflicto y una redefinición del acceso a la justicia más allá del acceso al órgano jurisdiccional.

Palabras clave: Acceso a la justicia. Medios adecuados de solución de controversias. Ley Orgánica 1/2025. Abogacía española. Miembros de la ADCE.

Introducción

            El acceso a la justicia constituye un derecho humano fundamental y uno de los pilares esenciales de los Estados democráticos de derecho. Tradicionalmente entendido como la posibilidad formal de acceso a los tribunales, este derecho ha experimentado, en las últimas décadas, una ampliación conceptual significativa, incorporando la exigencia de que los conflictos sean tratados por medios adecuados (Cappelletti, 1988), capaces de ofrecer respuestas efectivas, oportunas y compatibles con las necesidades reales de las personas involucradas.

            En el contexto contemporáneo, los sistemas judiciales enfrentan desafíos estructurales relacionados con la sobrecarga procesal, la duración excesiva de los procedimientos y la insatisfacción de los ciudadanos con las respuestas jurisdiccionales. Estas dificultades han evidenciado los límites de una cultura jurídica centrada exclusivamente en el litigio, impulsando el desarrollo de mecanismos alternativos, en el censo de consensuales para resolución de conflictos como componentes esenciales del acceso a la justicia.

            En España, este proceso de transformación adquirió especial relevancia con la promulgación de la Ley Orgánica 1/2025 (Valiño Ces, 2024), que introdujo la obligatoriedad de intentar previamente un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedibilidad para el acceso a la jurisdicción civil. La reforma se inscribe en un movimiento más amplio de racionalización del sistema judicial y de promoción de una cultura jurídica orientada a la participación activa, a la corresponsabilidad de las partes y a la adecuación del medio de resolución al conflicto concreto.

            La introducción de este nuevo modelo plantea interrogaciones relevantes desde el punto de vista jurídico y empírico. Entre ellos, destaca la cuestión relativa a la efectividad real de los medios adecuados de solución de controversias como instrumentos de ampliación del acceso a la justicia (Peiteado Mariscal, 2018). Asimismo, resulta fundamental indagar cómo estos cambios normativos son percibidos y vivenciados por la abogacía, actor central en la implementación práctica de las políticas públicas de justicia.

            A partir de este escenario, el problema central de la presente investigación puede formularse de la siguiente manera: ¿en qué medida la incorporación obligatoria de los medios adecuados de solución de controversias, conforme la LO 1/2025, contribuye efectivamente a la mejora y ampliación del acceso a la justicia en España, desde la perspectiva de la abogacía miembro de la ADCE?

            Con el fin de responder a esta cuestión, el estudio presenta su investigación empírica, basada en cuestionarios aplicados a abogados y abogadas en ejercicio profesional, miembros de la ADCE, por lo tanto, con amplio conocimiento de los MASCs. La percepción de estos profesionales sobre la utilización, la efectividad y los límites de los MASCs constituye el foco central para evaluar el impacto real de la reforma legislativa.

            La estructura del trabajo se organiza de la siguiente manera: se presentan los resultados de la investigación empírica por orden según las preguntas realizadas, se analizan los resultados de las respuestas, y, finalmente se exponen las conclusiones.

            De este modo, la investigación pretende contribuir al debate práctico y cultural sobre el acceso a la justicia en España, reforzando la comprensión de los medios adecuados de solución de controversias como expresión concreta del derecho humano a un tratamiento adecuado de los conflictos.

1. Delimitación metodológica del recorte empírico español

            El presente trabajo, derivado del primer estudio comparado con Brasil[1], expone exclusivamente los resultados empíricos obtenidos a partir del cuestionario aplicado a la abogacía española, con especial atención a la percepción profesional posterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. No se abordan aquí datos normativos, institucionales ni estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya desarrollados en el Capítulo 5 del primer, sino únicamente los datos derivados de la investigación empírica.

La recopilación de datos se realizará mediante formularios electrónicos anónimos (presente en el Apéndice), desarrollados en formato de cuestionarios estructurados y semiestructurados, compuestos por:

I.               Preguntas cerradas de opción múltiple sin escala Likert, únicamente para evaluar la aplicabilidad de los ítems investigados en las categorías de sí/no, lo que permitirá el análisis estadístico.

II.             Preguntas abiertas, para permitir la recopilación de percepciones cualitativas.

Temas: conocimiento y uso de las ADR, percepción de la Ley Orgánica 1/2025 y opiniones sobre la obligatoriedad de intentar soluciones extrajudiciales.

Público objetivo: abogados colegiados en los Colegios de Abogados de España miembros asociados de la ADCE.

            Difusión: invitación electrónica por correo electrónico de la ADCE a los profesionales asociados e invitación en redes sociales (LinkedIn).

1.1  El período de investigación

La investigación comenzó el 18 de julio de 2025, y los datos recibidos hasta el 28 de agosto del mismo año se computaron debido a la fecha límite para la entrega del primer trabajo, el 31 de agosto de 2025, sin posibilidad de prórroga. Tras la evaluación del examinador (tribunal de defensa de tesis de máster), durante el período de ajustes solicitado por los evaluadores, se añadieron resultados adicionales, abarcando el período comprendido entre el 31 de agosto de 2025 y el 12 de septiembre de 2025.

El público objetivo, los abogados españoles miembros de la ADCE, no fue contactado inicialmente por correo electrónico debido al periodo vacacional europeo. Sin embargo, la invitación se envió posteriormente directamente a los miembros durante el periodo de adaptación de esta investigación.

El propósito de este extracto es identificar cómo perciben los abogados participantes, en su práctica profesional diaria, los efectos de los métodos adecuados de resolución de disputas (MASCs) en el acceso a la justicia, especialmente a partir de la introducción del requisito procesal LO 1/2025.    

1.2 Perfil de los participantes y muestra de la investigación en España

La investigación empírica contó con la participación de abogados y abogadas inscritos en los Colegios de la Abogacía de España, con especial incidencia de profesionales asociados a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi (ADCE). La muestra se obtuvo mediante participación voluntaria, a partir de invitaciones electrónicas difundidas por correo institucional y redes profesionales.

Un total de 92 abogados aceptaron participar y respondieron en su totalidad, según los datos:

Gráfico 1

Representación visual circular del número total de participantes en la encuesta con el público objetivo de abogados (ES)

Fuente: elaborado por el autor.

Los datos colectados reflejen una muestra cualificada, compuesta mayoritariamente por profesionales con experiencia previa en el uso de medios consensuales de resolución de conflictos, lo que permite analizar con mayor profundidad la percepción práctica de los MASCs en el contexto español contemporáneo.

Dados los datos presentados, es necesario identificar el grado de certeza de los resultados de esta investigación, lo que permite determinar si la muestra disponible fue suficiente para garantizar la confianza y precisión de los datos recopilados e investigados, de acuerdo con los públicos objetivo-definidos en la investigación.

I. Abogados de ADCE (ES)/formulario 2: tamaño de muestra de 17 encuestados.

Con un margen de error del 18,06 %, para un nivel de confianza del 90 % en la investigación.

El cuestionario incluido en Forms se ha adjuntado a esta investigación y está disponible en el Apéndice, mostrando las preguntas exactamente como se presentaron a los encuestados.

1.3 Evaluación de la mejora y ampliación del acceso a la justicia española

La nueva perspectiva procesal sistémica española ha transformado profundamente la práctica jurídica, hecho investigado entre los encuestados.

Gráfico 2

Gráfico circular sobre la percepción de un mayor acceso a la justicia

 Fuente: elaborado por el autor.

Para la mayoría de los encuestados españoles (65%), se observó una mejora en el acceso a la justicia; sin embargo, el 35% de los abogados consideró que el cambio no logró este objetivo.

En cuanto a la investigación sobre la mejora en el acceso a la justicia, esta fue la evaluación de los encuestados:

Gráfico 3

Diagrama de la percepción de la mejora en el acceso a la justicia

Fuente: elaborado por el autor.

Así, la valoración de los abogados españoles sobre el aumento y ampliación del acceso a la justicia, tal y como se muestra en las representaciones gráficas que proyectan las percepciones, es positiva, si bien un 29% de los encuestados señaló que no ha habido ninguna mejora en el acceso a la justicia.

1.4 Métodos de resolución de conflictos más utilizados

Al preguntarles sobre los métodos de resolución de disputas que utilizan, los abogados indicaron que los más utilizados son la negociación y el derecho colaborativo (25%), seguidos de la mediación (23%), la conciliación (13%), la oferta confidencial vinculante (8%), el dictamen pericial independiente (4%) y otros métodos alternativos de resolución de disputas no mencionados (1%), distribuidos de la siguiente manera:

Gráfico 4

Barras horizontales comparativas de los métodos de ADR utilizados

Fuente: elaborado por el autor.

Además de las preguntas cerradas sobre si los abogados encuestados en España utilizan otros medios adecuados de resolución de conflictos no indicados en el gráfico 8, se señaló el uso de la mediación sistémica[2] y los comités de resolución de conflictos.

Los resultados ya reflejan el uso de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, que regula la eficiencia judicial, si bien es reciente (en vigor desde abril de 2025), como se desprende de las respuestas de los profesionales del derecho en España, que destacan la institucionalización de los medios indicados para la correcta gestión de los conflictos en el sistema judicial español y los nuevos instrumentos introducidos por la legislación, como la oferta vinculante de confidencialidad, además del uso de otros medios no estandarizados, pero identificados como expresiones de justicia consensual.

Conclusión

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 es interpretada, mayoritariamente, como un catalizador de una transformación cultural en la práctica jurídica, orientada a la corresponsabilidad, la participación y la resolución consensuada de los conflictos.

A partir del análisis de los datos empíricos obtenidos, es posible afirmar que la abogacía española miembro de la ADCE participante percibe los medios adecuados de solución de controversias como herramientas efectivas para la ampliación del acceso a la justicia. La investigación concluye que, desde la perspectiva empírica analizada, la Ley Orgánica 1/2025 actúa como un catalizador de cambio cultural en la práctica jurídica española, contribuyendo a una concepción más amplia, participativa y efectiva del acceso a la justicia, sin perjuicio de los desafíos y límites enfrentados por la propria abogacía.

Fue posible identificar una clara institucionalización de los ADR (métodos alternativos de resolución de disputas), destacando la negociación, el derecho colaborativo y la mediación, así como los nuevos instrumentos consensuales introducidos por la Ley 1/2025, integrados en la nueva política judicial como condición de admisibilidad para la resolución heterocompositiva de disputas.

Para futuras investigaciones, se considerará ampliar la población encuestada y introducir preguntas abiertas a fin de permitir un mapeo más sólido. Además de estos factores de mejora, sería relevante investigar la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia y las limitaciones de los medios consensuales de resolución de conflictos, profundizando la comprensión sobre la satisfacción en España con el énfasis en el principio de participación.

[1] Licenciada en Derecho. Especialista en Derecho Constitucional por la PUCCAMP. MBA en Desarrollo Corporativo y Gerencial por Metrocamp. Gerente y Coach Legal certificado por la IAGL. Maestría en Estudios Jurídicos con énfasis en Derecho Internacional por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Miami. Abogada. Profesional Colaborativa acreditada por la ADCE. alina@adv.oabsp.org.br.

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APÉNDICE 1

[1] Se refiere a la tesis de maestría: Acceso a la justicia y su eficacia - la perspectiva del derecho humano al tratamiento adecuado de los conflictos en el derecho comparado Brasil-España, finalizada por el autor en 2025.

[2] Según Vilar (2016), Europa vive en los últimos años un periodo de expansión de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos, lo que favorece la aparición de categorías derivadas de la mediación, como revela la investigación.